Lunes 22 de Abril de 2019

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Desalojos: Respaldo del TSJ local

Noticias Urbanas - El máximo tribunal porteño rechazó un planteo de la Defensa Pública que cuestionaba la legalidad de los desalojos antes que existiera sentencia. Son válidos si hay suficientes pruebas de usurpación.

En el marco de una acción interpuesta por el Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, cuestionando la legalidad de los desalojo dictados por los jueces porteños en lo Penal, Contravencional y de Faltas ante casos de usurpación, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió, por mayoría, que las órdenes para que se restituya provisoriamente un inmueble a sus propietarios o locatarios legales son válidas siempre que haya pruebas suficientes.

La causa se originó a raíz de un caso en el cual el propietario de un inmueble reclamaba la restitución del mismo alegando que estaba siendo ocupado ilegalmente por personas que afirmaban alquilar de buena fe. La Defensa Pública, cuestionó, en su recurso de inconstitucionalidad, la validez del desalojo ordenado por “afectar la garantía de la defensa en juicio, del debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la vivienda y la inviolabilidad del domicilio”.

En la sentencia, el TSJ analizó la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, donde se dió por probada una conducta prima facie penalmente reprochable, luego de valorar un contrato de alquiler y un recibo de pago de locación que habían sido presentados por quienes estaban habitando el inmueble –cuyas firmas según lo determinó un peritaje no correspondían al afectado por la usurpación–, el ingreso de modo violento a la propiedad y la situación de que –sin otro recurso— el damnificado se encontraba viviendo en un Hogar de Día de la Ciudad, entre otras consideraciones, para resolver la restitución del inmueble.

Los jueces José Osvaldo Casás, Ana María Conde y Luis Francisco Lozano coincidieron en que la defensa no había acreditado en el recurso de queja planteado ante el Tribunal los perjuicios que venía denunciando y menos aún que estuviese comprometida en la causa una garantía sólo susceptible de tutela inmediata.

La jueza Alicia E. C. Ruiz se pronunció a favor de la inconstitucionalidad de la norma referida y Horacio Corti –juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario–, que en esta ocasión integró el Tribunal, hizo lugar a la queja y expresó que el artículo 335 del Código Procesal Penal local (que dispone la restitución provisoria de un inmueble, para hacer cesar el delito de usurpación) requiere de pautas mínimas de aplicación para ser considerado válido constitucionalmente.

Con respecto a las objeciones planteadas por la jueza Ruiz, quien consideró que permitir que se pueda disponer el reintegro –en cualquier estado del proceso y con sólo acreditar verosimilitud en el derecho invocado– supone avasallar la presunción de inocencia y del debido proceso de quien habita u ocupa un inmueble, los jueces Conde y Lozano dijeron que la orden de restitución no puede ser considerada como una pena, porque el derecho de propiedad sobre el inmueble no está en discusión en el pleito, por lo cual “sería difícil hablar de una privación de ese derecho que pueda configurar una pena”.

Ambos magistrados señalaron que el objeto del proceso es la conducta de quien lo usurpa y no los derechos de propiedad sobre la unidad usurpada, lo que, esgrimieron, puede ser objeto de un proceso civil.

En relación a la necesidad de que el afectado sea citado a una audiencia como requisito previo para ordenar la restitución — de acuerdo al criterio sostenido por Ruiz y Corti–, Lozano y Conde reiteraron el argumento de que ello desvirtúa el proceso penal al poner al juez en la necesidad de trabar una controversia acerca de una cuestión que no está llamado a resolver, es decir, el derecho de propiedad sobre el inmueble. En ese sentido dijeron que la realización de una audiencia de esa naturaleza, que no está prevista en la norma, “obliga a ser parte de un proceso penal a personas a quienes no se les ha imputado la comisión de conducta ilícita alguna, y que, tal vez, ni siquiera tienen intención de gozar de una ventaja o beneficio proveniente de un acto ilícito”.

Si bien este fallo respalda y legitima el artículo artículo 335 del Código Procesal Penal local sobre el cual los fiscales y jueces se apoyan para solicitar y ordenar el desalojo de inmuebles, meses atrás, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad planteó ante la Legislatura la necesidad de revisión de dicho artículo (recomendación que fue receptada por legisladores del bloque Frente para la Victoria quienes presentaron un proyecto de modificación”.

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