Lunes 23 de Julio de 2018

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LEY Nº 2145 - Ley de Amparo

LEY N° 2145


"LEY DE AMPARO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES"

Sanción: 09/11/2006
Promulgación: 30/11/2006
Publicación: Publicada el 05/12/2006 en el boletín oficial (BOCBA) N° 2580

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.-La acción de amparo se rige por las disposiciones del artículo 14 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las de la presente ley.

Artículo 2°.-PROCEDENCIA: La acción de amparo es expedita, rápida y gratuita y procede,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de
autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja,
altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos
por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes dictadas en su consecuencia y
los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte.

La acción de amparo no será admisible cuando el acto impugnado emane de un órgano
del Poder Judicial.

Artículo 3°.-DAÑOS Y PERJUICIOS: No será admisible el reclamo de daños y perjuicios en la
acción de amparo.

Artículo 4°.- PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN: El plazo para interponer la acción
de amparo es de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de que el afectado tuvo
conocimiento cierto de la lesión, restricción, alteración o amenaza. En el supuesto de perjuicios
periódicos, el plazo comienza a correr respecto de cada uno de éstos. Vencido el plazo
indicado, caduca la acción sin perjuicio de la interposición de las acciones ordinarias que
correspondieren. (Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 2.243, BOCBA Nº 2614 del
29/01/2007).

Artículo 5°.- RECHAZO IN LIMINE: El/la Juez/a puede rechazar la acción por auto fundado,
sin necesidad de sustanciación alguna, cuando resulte manifiesto que ésta no cumple con los
requisitos de admisibilidad de la acción. Dicha resolución debe ser dictada dentro de los dos (2)
primeros días de recibido el amparo.

Artículo 6°.-RECONDUCCIÓN DE LA ACCIÓN: Cuando la acción pueda tramitar por las
normas de otro tipo de proceso, dentro del mismo plazo indicado en el artículo precedente, el/la
Juez/a está facultado a ordenar reconducir el trámite en el plazo de diez (10) días. Si la parte
no adecuase su demanda en ese término, el/la Juez/a ordenará el archivo inmediato de las
actuaciones.

Artículo 7°.-COMPETENCIA: Cuando la acción de amparo sea dirigida contra autoridades
públicas de la Ciudad, será competente para conocer el fuero Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad. Si el amparo versa sobre cuestiones electorales, será competente el
tribunal con competencia electoral.
Cuando se trate de una acción dirigida contra un particular, será competente la Justicia de
Primera Instancia de la Ciudad en razón de la materia.
Cuando un mismo acto u omisión afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas
estas acciones el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose la acumulación de autos, en su caso.


CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO

Artículo 8°.-CONTENIDO DE LA DEMANDA: La demanda debe interponerse por escrito y
contendrá:

a.
El nombre, apellido, domicilio real y domicilio constituido del accionante.
b.
La justificación de la personería invocada, en caso de así corresponder.
c.
La individualización en lo posible del autor del acto, hecho u omisión lesiva contra el
que va dirigida la acción.
d.
La relación circunstanciada de los extremos que hayan producido o estén en vías de
producir la lesión del derecho o garantía tutelados por el art. 14 de la Constitución de la
Ciudad.
e.
El ofrecimiento de toda la prueba que intenta valerse.
f.
La petición, en términos claros y precisos.
En caso de amparo colectivo, además de los requisitos anteriores, se debe identificar al grupo

o colectivo afectado.
Artículo 9°.-MEDIOS PROBATORIOS: Solamente serán admisibles los siguientes medios
probatorios:

a.
Documental.
b.
Informativa.
c.
Testimonial, con un máximo de hasta tres (3) testigos.
d.
Reconocimiento judicial.
e.
La prueba pericial sólo será admisible en forma excepcional cuando las circunstancias
del caso lo justifiquen a fin de dictar sentencia y siempre que su producción sea
compatible con la naturaleza sumarísima de la acción de amparo. En estos casos,
los/as Jueces/zas deberán recurrir prioritariamente a organismos públicos o
instituciones nacionales, provinciales o de la Ciudad, con acreditada experiencia en la
materia específica.

En ningún caso procederá la prueba confesional.

Artículo 10.-PRUEBA DOCUMENTAL: Con el escrito de demanda y su contestación, las
partes deben acompañar toda la prueba documental de que dispongan. Cuando aquella no
estuviere a su disposición, la parte interesada deberá individualizarla, indicando su contenido,
el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentra.

Artículo 11.-TRASLADO DE LA DEMANDA: Admitida la acción, cuando se trate de un
amparo dirigido contra autoridades públicas, se correrá traslado por el plazo improrrogable de
diez (10) días, a fin de que el demandado conteste y ofrezca prueba. Por razones de urgencia
debidamente fundadas puede fijarse un plazo menor.
En caso de identificarse actuaciones administrativas en el escrito de inicio, la autoridad pública
demandada está obligada a acompañar el/los expediente/s administrativo/s correspondiente/s,
en original o copia debidamente certificada.
Cuando el amparo sea dirigido contra un particular, el plazo será de cinco (5) días, prorrogable
en forma justificada por una única vez. El plazo máximo para contestar no podrá ser mayor al
indicado en el párrafo primero.
Cuando simultáneamente con la interposición de la acción de amparo se solicita el dictado de
una medida cautelar, el traslado de la demanda no podrá ser dispuesto con posterioridad a la
resolución de la medida.
En caso de concederse la medida cautelar peticionada, su notificación y la del traslado de la
demanda, deberán realizarse en forma conjunta, en caso de que el traslado no se hubiese
dispuesto con anterioridad.

Artículo 12.-PRODUCCIÓN DE PRUEBA: Contestada la demanda o vencido el plazo para
hacerlo, el/la Juez/a ordena la producción de la prueba que considere conducente, fijando una


única audiencia, si correspondiere.
El plazo para la producción de prueba es de cinco (5) días, excepcionalmente prorrogable por
igual plazo en forma fundada.

Artículo 13.-TRÁMITES EXCLUIDOS: No procede la recusación sin causa, ni podrán
articularse cuestiones de competencia o excepciones de previo y especial pronunciamiento.

Artículo 14.-RECUSACIÓN CON CAUSA: La recusación con causa sólo puede ser
interpuesta dentro del primer día de tomar conocimiento la parte del/la juez/a interviniente,
debiendo ser resuelta en el plazo de un (1) día. La resolución que rechaza la recusación es
apelable.

Artículo 15.-MEDIDAS CAUTELARES: En la acción de amparo, como accesorio al principal,
con criterio excepcional son admisibles las medidas cautelares que resulten necesarias para
asegurar los efectos prácticos de la sentencia definitiva, debiendo resolverse su procedencia
dentro del plazo de dos (2) días.
Cuando la medida cautelar solicitada afectase la prestación de un servicio público o perjudicara
una función esencial de la administración, el juez previamente le correrá traslado a la autoridad
pública demandada para que se expida dentro de un plazo máximo de dos (2) días sobre la
inconveniencia de adoptar dicha medida, pudiendo el juez rechazarla o dejarla sin efecto

declarando a cargo de la autoridad demandada o personalmente por los que la
desempeñan, la responsabilidad por los perjuicios que se deriven de su ejecución.

En las acciones de amparo contra autoridades públicas son requisitos necesarios para el
otorgamiento de toda cautelar la acreditación simultánea de los siguientes presupuestos:

a. Verosimilitud del derecho.
b. Peligro en la demora.
c. No frustración del interés público.
d. Contracautela.
El/la Juez/a interviniente debe determinar la índole de la contracautela para cubrir los daños y
perjuicios que pudieran derivarse de su otorgamiento, sin que esto puede implicar un
menoscabo a la tutela cautelar.
La apelación de resoluciones que versen sobre medidas cautelares deben ser resueltas dentro
del plazo máximo de cinco (5) días desde el arribo de las actuaciones al Superior.

Artículo 16.-INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS: En todos los casos en que
corresponda la declaración de inconstitucionalidad de una norma se deberá correr vista al
Ministerio Público Fiscal por un plazo improrrogable de dos (2) días.

Artículo 17.-SENTENCIA: El plazo para dictar sentencia definitiva en Primera Instancia es de
cinco (5) días desde que el expediente se encuentre en condiciones de resolver. En Segunda
Instancia dicho plazo es de diez (10) días.

Artículo 18.-COSA JUZGADA: La sentencia firme que resuelva sobre la existencia o
inexistencia de la lesión, restricción, alteración o amenaza en las condiciones establecidas por
el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad, hará cosa juzgada respecto del amparo, dejando
subsistente el ejercicio de las acciones que puedan corresponder a las partes, con
independencia del amparo.

Artículo 19.-MEDIDAS CAUTELARES POSTERIORES A LA SENTENCIA: Una vez dictada
la sentencia, a solicitud de los interesados y hasta el momento de la remisión del expediente al
Superior, se podrán dictar las medidas cautelares que fueren pertinentes.

Artículo 20.-RECURSO DE APELACIÓN: Todas las resoluciones son inapelables, excepto la
sentencia definitiva, el rechazo in limine de la acción, la que resuelva reconducir el proceso, la
que resuelva la caducidad de la instancia, el rechazo de una recusación con causa y las que
versen sobre medidas cautelares.
El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse dentro de los tres (3) días de notificada
la resolución impugnada, corriéndose traslado del recurso por idéntico plazo.


La concesión del recurso será en relación y sin efectos suspensivos, a excepción de la
apelación contra la sentencia definitiva que será en relación y con efectos suspensivos.
La resolución que concede la apelación de una medida cautelar o su rechazo, deberá indicar
cuales son las copias necesarias para formar incidente, las que deberán ser acompañadas por
quien recurre en un plazo máximo de dos (2) días, bajo apercibimiento de declarar desierto el
recurso. El plazo para la formación del incidente será de un (1) día. Una vez formado, se
correrá traslado a la otra parte.
El recurso de apelación contra el rechazo de una recusación con causa debe interponerse y
fundarse en el plazo de un (1) día desde la notificación de la resolución impugnada. En caso de
así corresponder, el recurso se concede en el día, debiendo resolver el Superior en el plazo de
tres (3) días desde el arribo de las actuaciones.
En todos los casos la elevación al Superior del expediente o del incidente se hará en forma
inmediata.

Artículo 21.-RECURSO DE QUEJA: Si el tribunal de Primera Instancia deniega la concesión
de la apelación, la parte que se considere agraviada puede recurrir directamente en queja,
pidiendo que se otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente. El plazo
para interponer la queja será de dos (2) días. La Cámara deberá resolver dentro de los tres (3)
días.

Artículo 22.-RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD: Las sentencias que dicten los
tribunales superiores de la causa se consideran definitivas a los efectos del recurso de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
El trámite se regula de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 402, con excepción de los plazos
indicados en los artículos 28 y 31 de aquélla, los cuales se reducen a la mitad. En caso de
concederse el recurso, la remisión de las actuaciones al Tribunal Superior debe ser efectuada
en el plazo máximo de un (1) día.

Artículo 23.-RECURSO DE QUEJA POR DENEGACIÓN RECURSO
INCONSTITUCIONALIDAD: En caso de denegarse la concesión del recurso de
inconstitucionalidad por parte del tribunal superior de la causa, la tramitación del recurso de
queja por denegación de recurso se rige por lo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 402.
El plazo de la interposición de la queja será de dos (2) días.

Artículo 24.-CADUCIDAD DE LA INSTANCIA: Se producirá la caducidad de la instancia del
proceso cuando no se instare el curso del procedimiento dentro del plazo de treinta (30) días, o
de sesenta (60) días en el caso de amparo colectivo. La caducidad puede ser declarada de
oficio o a pedido de parte.
Dicho plazo se computará desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o
actuación del/la Juez/a que tenga por objeto impulsar el proceso. El plazo correrá durante días
inhábiles, salvo los que correspondan a la feria judicial.
Para el cómputo del plazo se descontará el tiempo en que el proceso hubiere estado
suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del/la Juez/a siempre que la
reanudación del trámite no quedare supeditada a actos procesales que debe cumplir la parte a
quien incumbe impulsar el proceso.

Artículo 25.-NOTIFICACIONES: Todas las resoluciones se notificarán por nota con excepción
de la sentencia de primera y ulteriores instancias, el traslado de la demanda, las que resuelvan
medidas cautelares y las que el/la Juez/a estime pertinentes por su gravedad o importancia, las
que se notificarán por cédula.
Las cédulas de notificación deben diligenciarse en el plazo de un (1) día y devolverse en el
transcurso del día hábil siguiente.
Serán días de nota aquéllos que se establecen en el Código Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 26.-PLAZOS: Todo traslado que no tenga un plazo expresamente previsto en esta
ley, será por el término de dos (2) días.
Toda resolución que no cuente con un plazo expresamente previsto en esta ley, deberá ser
dictada en el plazo de tres (3) días.
Las providencias simples deben ser dictadas en el día.


Todos los plazos de la presente Ley se cuentan en días hábiles, con excepción de aquellos en
donde expresamente se menciona lo contrario.

CAPÍTULO III
AMPARO COLECTIVO

Artículo 27.- AMPARO COLECTIVO: En caso de tratarse de un amparo colectivo, el
procedimiento es el establecido en la presente ley con las siguientes particularidades:
a) Interpuesta la demanda, las acciones deberán ser registradas en el Registro previsto
en el presente artículo, él que informará en el plazo de un (1) día sobre la existencia de
otras acciones que tengan un objeto equivalente o que estén referidas al mismo derecho

o interés colectivo o que alcancen en forma total o parcial al mismo colectivo o que la
cuestión sometida a debate pueda dar lugar a sentencias contradictorias.
Una vez producido tal informe se dará vista al/la Fiscal quien deberá expedirse y remitir
el expediente en el plazo de dos (2) días. Con anterioridad a dicha vista, en caso de que
del informe surgiera la existencia de otros juicios, se lo remitirá al Juzgado que previno.
En caso que la demandada durante cualquier estado del proceso denunciara la
existencia de un amparo colectivo con el mismo alcance definido anteriormente, el/la
Juez/a interviniente requerirá el expediente a efectos de resolver lo que corresponda en
materia de competencia.
b) Créase el Registro Público de Amparos Colectivos, en el que se consignará respecto
de cada causa, al menos, los nombres de las partes y letrados intervinientes, el objeto de
la pretensión, las resoluciones que concedan cautelares, los acuerdos homologados y
las sentencias de todas las instancias.
El Registro será público y de consulta libre y gratuita. Su reglamentación y organización
estará a cargo del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5°, se citará por diez (10) días mediante
edictos a todos aquellos que de acuerdo al derecho sustancial hubiesen estado
legitimados para demandar o ser demandados en el amparo, para que tomen la
intervención que les corresponda como litisconsorte de la parte principal y con sus
mismas facultades procesales.
Dichos edictos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
anunciarse por el órgano de difusión radial y televisiva de propiedad de la Ciudad, por el
término de tres (3) días. Además, la información deberá publicarse en la página web del
Gobierno y del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Excepcionalmente y cuando
las circunstancias así lo ameriten, el/la Juez/a mediante auto fundado podrá disponer la
publicación de edictos en un diario de amplia circulación en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires.
Su confección, tramitación y erogación estarán a cargo de la oficina judicial que
determine el Consejo de la Magistratura.
d) Vencido el plazo indicado en el inciso anterior se correrá traslado de la demanda. El
demandado, al momento de contestar la demanda y durante todo el transcurso del
proceso, está obligado a denunciar todo amparo colectivo que tenga el mismo o similar
objeto dentro de los cinco (5) días de notificado de tal acción. Si no lo hiciera y se
dictaran sentencias o medidas cautelares contradictorias, prevalecerán aquellas que
concedan el amparo o hagan lugar a las cautelares.
e) Las medidas cautelares otorgadas, los acuerdos homologados y las sentencias
definitivas de todas las instancias deberán ser publicadas, con trascripción de la parte
resolutiva, por dos (2) días, de la misma manera y forma que la indicada en el inciso c).
f) En los procesos de amparo colectivo el Ministerio Público Fiscal tendrá intervención
necesaria.
g) Cualquiera sea el legitimado que promueva un amparo colectivo, para arribar a un
acuerdo conciliatorio o transacción deberá correrse vista previa al Ministerio Público
Fiscal, quien deberá expedirse respecto de la adecuada consideración de los intereses
generales de la sociedad. La sentencia homologatoria requerirá de auto fundado y será
apelable. El acuerdo será siempre sin perjuicio de la facultad de los particulares
afectados no parte de apartarse de la solución general adoptada para el caso e iniciar las
acciones individuales que correspondieran.
h) La acción de amparo colectivo no genera litispendencia respecto de las acciones
individuales a excepción de la de aquellos que se hubieran presentado como parte en el
amparo colectivo.
i) La sentencia recaída en el amparo colectivo no obsta a la presentación de acciones de
amparo individuales sobre el mismo objeto por quienes no intervinieron en el proceso
colectivo.
j) En el amparo colectivo, la sentencia alcanza a todo el grupo afectado y será oponible
al vencido, en beneficio de quienes, a pesar de no haber intervenido personalmente en el
juicio, comparten la situación jurídica o de hecho con los que interpusieron la acción.
k) Cualquier miembro del grupo afectado alcanzado por la sentencia puede requerir su
ejecución.
l) Amicus Curiae: Cualquier persona previo al dictado de la sentencia puede presentarse
en el proceso en calidad de asistente oficioso. En dicha presentación debe constituir
domicilio en la jurisdicción. Su participación se limita a expresar una opinión
fundamentada sobre el tema en debate. No reviste la calidad de parte ni de tercero. Las
opiniones del asistente oficioso tienen por único y exclusivo objeto ilustrar al
sentenciante. Su actuación no devengará honorarios judiciales. Todas las resoluciones
dictadas en el marco del proceso de amparo son irrecurribles por el asistente oficioso.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 28.-NORMAS SUPLETORIAS: Se aplican supletoriamente, y en cuanto sean
compatibles con la naturaleza de la acción de amparo, las disposiciones contenidas en el
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 29.-VIGENCIA: La presente ley entrará en vigencia a partir de los treinta (30) días
corridos de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 30.-ACCIONES ACTUALMENTE EN TRÁMITE: Las acciones de amparo ya
iniciadas y en trámite al momento de la entrada en vigencia de la presente ley continuarán su
curso con la aplicación de las normas procesales a las que se encontraban sometidas.

CLÁUSULA TRANSITORIA: En consonancia con lo dispuesto en la Cláusula Transitoria
Segunda de la Constitución de la Ciudad, hasta tanto no sean traspasados los fueros y/o
competencias en la jurisdicción de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad, la acción de
amparo contra particulares tramitará por ante las autoridades judiciales y a través de los
trámites procesales actualmente vigentes, no siendo aplicables las disposiciones de la presente
norma.
Artículo 31.-Comuníquese, etc.

SANTIAGO DE ESTRADA
ALICIA BELLO

LEY N° 2.145

Sanción: 09/11/2006
Vetada Parcialmente: Decreto Nº 2.018/006 del 30/11/2006
Publicación: BOCBA N° 2580 del 05/12/2006
Aceptación Veto: Resolución Nº 818 - LCABA del 14/12/2006
Publicación: BOCBA Nº 2603 del 12/01/2007

NOTA: los artículos resaltados en bastardilla y negrita han sido vetados por el Decreto
N° 2.018/06.


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