Miércoles 23 de Agosto de 2017

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TSJ resolvió que la Cámara no podía negarse a revisar los argumentos que el Jefe de Gobierno dirigió para cuestionar la validez de una sanción pecuniaria por el incumplimiento de un fallo

El Tribunal Superior de Justicia revocó, por mayoría, una sentencia que había rechazado el pedido de levantamiento de una multa en pesos –cuyo nombre técnico es astreintes—impuesta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no haber cumplido el fallo que ordenaba la instalación de 20 baños químicos en el Parque Lezama durante los días y horarios de funcionamiento de una feria.

La causa se inició con un  amparo presentado por un grupo de vecinos del Parque Lezama pidiendo que se condenara al GCBA a restablecer las condiciones de salubridad, higiene y disponibilidad en el lugar para favorecer a quienes residen en sus alrededores.

Varios años después de que se hubiera arribado a una decisión definitiva, el magistrado consideró incumplida la condena de instalar los mencionados baños químicos e impuso al GCBA una multa de cien pesos por cada día de demora, haciendo responsable solidariamente al Jefe de Gobierno, sobre quien luego dispuso y efectivizó un embargo en sus cuentas bancarias.

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario respaldó las decisiones del juez de mérito y rechazó los planteos del Jefe de Gobierno porque consideró que su pedido dirigido a que se dejen sin efecto las astreintes, fundado  --entre otros motivos—en la inexistencia de incumplimiento de las obligaciones jurídicamente posibles a su cargo, pretendía reeditar planteos sobre los que existía una decisión firme en la causa.

Los jueces Ana María Conde, Inés M. Weinberg y Luis Francisco Lozano sostuvieron --en sus respectivos votos-- que por tratarse de un mecanismo que busca lograr el cumplimiento de la sentencia y no una condena, la imposición de las astreintes no causa estado, es provisoria y puede ser revisada en cualquier momento. En ese marco –argumentaron-- la Cámara no pudo válidamente negarse a revisar los argumentos del Jefe de Gobierno sobre la base de que su imposición había pasado en autoridad de cosa juzgada.

Decidieron, a su vez, el reenvío de lo actuado a la Cámara para que por intermedio de otros jueces se dicte una nueva sentencia ajustada a lo decidido por el TSJ.

Conde y Weinberg coincidieron en que durante el proceso se desnaturalizó el objeto de la acción, que inicialmente fue el restablecimiento de las condiciones de salubridad en el parque, para luego concentrarse, de forma casi excluyente, en el cobro de las sanciones pecuniarias.

En su voto en disidencia, el juez José Osvaldo Casás rechazó el recurso por considerar que los argumentos del interesado para descalificar la sentencia de la Cámara no lograron exponer un desacierto tal que la descalifique como acto jurisdiccional válido.

La juez Alicia E. C. Ruiz no suscribió la resolución por encontrarse en uso de licencia.

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