Lunes 18 de Diciembre de 2017

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TSJ condenó al GCBA a presentar una propuesta para cumplir con su obligación de brindar alojamiento a una persona discapacitada

El Tribunal Superior de Justicia, por mayoría, condenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a presentar en el plazo que indique el juez de primera instancia una propuesta para cumplir con la obligación de brindar alojamiento a una persona discapacitada y en situación de vulnerabilidad social.

El fallo del TSJ revocó, a su vez, una sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que había confirmado la decisión del juez de grado, que obligaba al Gobierno a continuar otorgando un subsidio o apelar a otro medio razonable para cubrir la necesidad mínima de vivienda de quien interpuso el amparo, sin que el mismo sea su envío a un parador o un hogar, y a evaluar periódicamente la situación.

La acción fue promovida por una persona de 49 años en situación de pobreza crítica, sin familiares y que padecía Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida –con una discapacidad laboral del 85%-- que había percibido un subsidio en el marco del Programa de Atención a las Familias en Situación de Calle desde enero de 2007 hasta septiembre de 2009, cuando el Gobierno denegó su petición de renovar el beneficio.

El GCBA argumentó que la decisión de la Cámara invadía facultades privativas de la Administración, resultaba contraria a la doctrina sentada por el TSJ en causas análogas y afectaba su derecho de propiedad además de incidir en el presupuesto, en tanto lo obligaba a pagar un subsidio sin monto ni límite temporal, que aumentaría indefinidamente.

Los jueces Ana María Conde y Luis Francisco Lozano, en su voto conjunto, y José Osvaldo Casás, en sus fundamentos, resolvieron que la ley 4.036 le acuerda al amparista el derecho a que el GCBA le brinde un alojamiento. Esa ley, destacaron los mencionados jueces, establece una protección integral de los derechos sociales de los ciudadanos de la CABA, entre los que se encuentra el derecho a la vivienda. La norma local dispone en material habitacional que tienen derecho a un alojamiento las personas discapacitadas y los adultos mayores de 60 años, en ambos casos que estén en situación de vulnerabilidad social.

Lozano y Conde sostuvieron que la ley 4036 establece como requisitos comunes para acceder a los derechos que allí se reconocen por un lado ser ciudadano de la CABA y en el caso de los extranjeros que cumplan con lo que exige la ley 334 que regula la inscripción voluntaria en el  Registro de Electoras/es Extranjeras/os, y por el otro estar en situación de vulnerabilidad social.

En este punto, la norma define a la “vulnerabilidad social” como: “…la condición social de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos.// Se considera ‘personas en situación de vulnerabilidad social’ a aquellas que por razón de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran dificultades para ejercer sus derechos”.

Al analizar la ley, los jueces afirmaron que establece otros derechos, como el acceso prioritario a las prestaciones sociales que brinda el Gobierno para las personas en estado de vulnerabilidad social y/o emergencia, universo que –entendieron-- contempla primeramente a  grupos familiares con niñas, niños y adolescentes, de acuerdo al artículo 3 de la ley 4042.

Las jueces Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg coincidieron en su rechazo al recurso interpuesto por el GCBA.

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